En enero de 2025, con la atención centrada en Gaza por la firma de un alto el fuego que el primer ministro Benjamín Netanyahu acabaría rompiendo dos meses más tarde, el ejército israelí lanzó la mayor operación militar en Cisjordania desde el fin de la Segunda Intifada, en 2005. Su ministro de Defensa, Israel Katz, hablaba entonces de aplicar allí “la primera lección del método” empleado en la Franja, mientras helicópteros Apache, bulldozers y vehículos militares penetraban en tres campamentos de refugiados del norte: Nur Shams, Yenín y Tulkarem. Al menos 32.000 civiles huyeron con lo puesto, en el mayor éxodo forzoso en Cisjordania desde que Israel la ocupó militarmente en la Guerra de los Seis Días de 1967. Diez meses más tarde, siguen en casas de familiares, mezquitas, colegios o entidades caritativas, sin que las autoridades israelíes mencionen siquiera un horizonte de regreso. Todo ello ―la dimensión y duración del desplazamiento y el patrón de destrucción de infraestructuras― ha llevado a la ONG de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) a concluir que Israel está cometiendo también allí, y no solo en Gaza, crímenes de guerra y contra la humanidad.
