El 24 de marzo se cumplen 50 años del comienzo de la dictadura militar en la Argentina. Quisiera decir algunas cosas. Breves. Obvias. Desde 1976 y hasta 1983, cuando retornó la democracia, en más de 600 centros de detención clandestinos se torturó, vejó y asesinó a miles de personas, en su mayoría militantes de organizaciones de lucha armada, pero no solo. Unos 300 bebés, hijos de las secuestradas que parieron en cautiverio, fueron apropiados por los represores y entregados a militares o civiles que los criaron como propios. Solo 140 de esos niños conocen hoy, ya adultos, su identidad, con consecuencias no siempre felices (saber es mejor que no saber, pero saber es difícil), y 160 continúan en la oscuridad. Desde el juicio a las juntas de 1985, con algunos retrocesos como las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, habíamos consensuado que aquello no fue una guerra sino terrorismo de Estado: de un Estado que decidió aniquilar a sus ciudadanos. Quisiera decir que habíamos estado de acuerdo en que las Fuerzas Armadas no cometieron errores ni excesos, sino que asesinaron, torturaron e incurrieron en delitos “comunes” ―violaciones o robo de bienes―, que difícilmente puedan justificarse aduciendo que se los cometía en nombre de la lucha contra el comunismo, etcétera. Quisiera decir que hay represores condenados, pero que ninguno ha dado información: no han revelado dónde están los restos de los desaparecidos, ni en manos de quiénes están aquellos bebés ―hoy hombres y mujeres― apropiados. Quisiera decir que nadie va a torturar a esos señores para que entreguen datos porque tuvieron y tendrán algo que les negaron a quienes desaparecieron, violaron y asesinaron: un juicio justo. ¿Por qué es importante recordar? Porque ese silencio dice: “No nos arrepentimos”. Porque ese silencio dice: “Hicimos lo correcto”. Porque ese silencio dice: “Aquí estamos y lo volveríamos a hacer”.
