Cuando el 30 de diciembre de 2020 el Senado argentino aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la calle estalló: la euforia brotó en el seno de un movimiento con decenas de miles de activistas que, en pleno verano pandémico, logró un derecho que se reclamaba desde hacía décadas. Argentina se convirtió en ese momento en el quinto país de América Latina —después de Cuba, Uruguay, Guyana y, entonces solo en algunos Estados de México— que despenalizaba el aborto de forma total hasta la semana 14, es decir, que ya no se requería demostrar una violación, riesgo de vida o de salud de la gestante.
