Veintiséis años después de que Países Bajos despenalizara los burdeles, la normativa no ha dado el resultado esperado: regular la prostitución voluntaria, y combatir la forzada y los abusos. En aquel año 2000, se legalizó el funcionamiento de más de un millar de locales de negocio sexual, para que sus trabajadores —la mayoría mujeres— pudieran equipararse a cualquier otra profesión. Lo que el legislador no previó fue el gran aumento de la oferta ilegal y la explotación que conlleva, camuflada ahora también en el ámbito digital. La policía estima que de las cerca de 20.000 personas activas en el sector, hasta 6.000 pueden estar siendo obligadas a ello.
